Este es uno de los temas más complejos del curso de personas jurídicas, si es que no del curso de derecho societario. La idea puede ser explicada de manera sencilla: si la construcción de la categoría “persona jurídica” permite diferenciar a dicha entidad de sus miembros, justificando la autonomía entre sus patrimonios y sus respectivas existencias como sujetos de derecho, entonces: ¿tendría sentido ignorar tal objetivo después de los esfuerzos por delinearlo (incluso en el Common Law)? En mi opinión, la respuesta es un sí rotundo.

Las ventajas anexas al reconocimiento de la personalidad jurídica permite que ciertas personas implementen esquemas para evadir su responsabilidad frente a terceros o defraudar a sus acreedores. Por tal motivo, es lógico que en ciertos casos excepcionales el derecho ignore los efectos producidos por el reconocimiento de la personalidad jurídica. Así, el allanamiento de la personalidad jurídica tiene por propósito alcanzar a quienes se aprovechan ilícitamente de esta figura, sea en abuso o en fraude del Estado o de una persona específica (o segmento de personas).

El mecanismo por el que se logra tal resultado no está exento de críticas, tal vez la principal sea la potencial inseguridad jurídica que podría ocasionar su uso indiscriminado. En efecto, si las personas constituyen una persona jurídica para alcanzar un objetivo digno de tutela (incluso reconocido por el Estado al permitir su creación), ¿cómo se verán afectadas las iniciativas económicas y sociales si luego el Estado puede desconocer el beneficio otorgado? Indudablemente, el impacto es potencialmente significativo. Si las personas no tienen una garantía de la permanencia de la personalidad jurídica, dejarán de apelar a dichas estructuras, situación que encarecerá enormemente cualquier iniciativa privada.

Lo anterior perjudicará no sólo a los particulares sino al Estado. Existirá una reducción en las actividades económicas de mediana y sobre todo de gran envergadura, disminuyendo el crecimiento del país y el número de empleos que pueden ofrecerse, sin olvidar la pérdida de los capitales ya asentados en nuestra economía. Así las cosas, el levantamiento del velo no puede ser visto sólo bajo los estrechos límites del debate jurídico, exige más bien un análisis integral de los riesgos involucrados al admitir o negar su acogimiento.