Un asunto del que se habla implícitamente en muchos cursos y al que aludiré explícitamente en las clases es el referido a la asignación de una titularidad. En términos sencillos, el Estado tiene que decidir a quien asigna -de manera originaria- una prerrogativa (un derecho, un deber, un poder, etc.), lo cual realiza a través de la promulgación de una norma (el ejemplo más claro es la Constitución con los derechos fundamentales) o por medio de un pronunciamiento judicial o administrativo.

La relación que se suscita entre dicha prerrogativa y el sujeto a quien se le asigna recibe el nombre de titularidad. Sin embargo, debo acotar que también se emplea el término para hacer referencia a la prerrogativa en sí misma. Sí, sé muy bien que esto puede generar confusión, desafortunadamente los autores no usan un lenguaje uniforme, tal vez podamos convenir en denominar a la relación entre la prerrogativa y el titular como pertenencia, reservando el término titularidad para aludir a la propia prerrogativa. Si bien no es el debate terminológico el que me motivó a escribir estas líneas, sí consideraba necesario esbozar el problema. Centrándome en lo que me interesa, casi no se discute en clases por esbozar criterios o métodos que justifiquen el otorgamiento de cierta prerrogativa o el alcance con el que se otorgará (vale decir, frente a qué tipo de actos se la protegerá).

En otros cursos han estudiado qué se entiende por situaciones jurídicas subjetivas y las pretensiones derivadas de ellas. No es igual la manera en que se protege un derecho absoluto (o erga omnes) que la manera en que se tutela un derecho relativo, o la manera en que se ejerce un derecho potestativo en comparación a un derecho subjetivo, entre otros ejemplos. Con ánimo de simplicidad diré que el Estado decide la asignación de tales titularidades empleando: (1) nociones de teoría general del Derecho o de ciencia política (algo cada vez menos frecuente), (2) variables económicas relativamente complejas (una aspiración más que una realidad tangible) y (3) criterios de oportunidad (el paquete para mejorar en el Doeing Business es el ejemplo más grosero de los últimos tiempos).

Sin embargo, en la medida que probablemente a alguno de ustedes le interese definir o comprender este tema, si es que no constatar que en el Derecho se valoran factores extra-jurídicos, les recomiendo consultar -cuando tengan tiempo y/o curiosidad- uno de los ensayos más famosos del profesor Guido Calabresi. El texto al que me refiero lleva por título: “Property rules, liability rules and inalienability: One view of the Cathedral” publicado hace más de 40 años en la Harvard Law Review (en co-autoría con Douglas A. Melamed y que se puede descargar del web-site del Amherst College), también pueden descargar una traducción en el siguiente link  (el site es del Centro de Estudios Públicos).

El artículo es fascinante y ha influenciado mucho la comprensión de los fenómenos jurídicos en las últimas décadas (incluso a este blog, al punto que su título está inspirado en dicho artículo). Si tienen alguna duda o comentario, estoy para apoyarlos en lo que sea necesario.